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Nuevas medidas para combatir la explotación de la prostitución en las zonas españolas de la Costa Blanca y Valencia

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Los burdeles de la comunidad valenciana, que se esconden bajo la apariencia de negocios legítimos de entretenimiento, están siendo cerrados como parte de las nuevas medidas para reducir la prostitución.

La medida se enmarca en un plan de diez puntos elaborado por el Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución, en el que más de 30 expertos han estado trabajando propuestas.

Un cambio en las leyes regionales también reconocerá a las mujeres prostitutas como víctimas de violencia de género.

La ministra de Justicia valenciana, Gabriela Bravo, ha firmado una modificación de la Ley de Establecimientos Públicos para penalizar a los comercios con licencia de hostelería y ocio que permitan la prostitución en sus locales.

Bravo dijo: «Será posible procesar y sancionar a los dueños de burdeles que se esconden detrás de las fachadas de los negocios de hospitalidad y entretenimiento».

Las sanciones van desde multas hasta el cierre forzoso.

Informe del grupo de trabajo de estudio y propuesta de medidas para la innovación en los procesos de selección de personal al servicio de la Administración de la Generalitat - Conselleria de
GABRIELA BRAVO (imagen GVA)

También estarán prohibidos los espectáculos y actividades públicas que fomenten o fomenten la prostitución o cualquier forma de explotación sexual.

Bravo apoyó la recomendación del foro de cambiar la Ley de Violencia contra la Mujer.

“Se cambiará la ley para asegurar el acceso de las mujeres prostitutas a plenos derechos y apoyo para proteger a las víctimas del terrorismo machista”, comentó.

“Se está preparando y ofreciendo una orden general a todas las comunidades de la Comunidad Valenciana que tratará la prostitución como un tipo de violencia de género y no como una cuestión de política pública donde se sancionará a un proxeneta o cliente”, prosiguió Bravo.

Se refirió a un caso reciente en Albai, en el que un hombre acudió a la policía para quejarse de que el pago de 30 euros de una prostituta no le proporcionaba el servicio completo que deseaba.

Terminó siendo multado con 800 € según una nueva normativa local.

Otras partes del plan de diez puntos incluyen aumentar la disponibilidad de viviendas sociales para mujeres prostituidas y ofrecer ayuda a todas las trabajadoras sexuales para encontrar otras oportunidades de empleo.

“La Comunidad Valenciana es una de las vías de ser la primera región en abrir el proceso de abolición de la prostitución en España”, ha dicho Gabriela Bravo.

“Este es un proceso en el que planteamos medidas concretas, reformas legislativas y propuestas viables para acabar con este tipo de terrorismo machista”, concluyó.

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