Paula Boira Nacher I Madrid (EFE).- Ana Orantes fue despedida el 25 de enero de 1997 por José Parejo el 17 de diciembre de 1997. Pocas semanas antes, ella había relatado en Canal Sur los 40 años de maltrato que había Vivido junto a su verdugo, de quien había logrado divorciarse, pero con quien se veía obligada a convivir por orden judicial.

Ese asesinato cambió la percepción de España sobre la violencia machista, en palabras de la entonces directora del Instituto de la Mujer y actual consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, quien recuerda aquella fecha como una «conmoción ».

Hasta aquel momento, relata Dancausa, la violencia de genero «no tenía relevancia en los medios». «Se hablaba poco, se sacaban excepcionalmente los casos e incluso se ponía en duda si la mujer no tenía algo de culpa», explica a EFE.

La hemeroteca del caso Orantes

La hemeroteca demuestra que esto último también le pasó a Ana Orantes. «Una fuerte discusión precedió a la última acción», contó aquel 17 de diciembre en un diario de tirada nacional, que explicó que la aparición de la víctima en televisión «provocó las iras de su ex marido».

«José PA ha declarado que los hechos sucedieron cuando se encontró limpiando maquinaria agrícola y Ana Orantes le insulta. Acto seguido, en un arrebato, atacó a su mujer y le prendió fuego», relató dando voz a la versión del asesino.

María Escudero, que en 1997 dirigía el centro provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Granada, provincia donde residía y muere asesinada Orantes, critica, en declaraciones a Efe, que algunos medios «trataran de justificar» al asesino, a quien se le eximió del agravante de ensañamiento en la sentencia.

«En cantidad de medios se la culpabilizó a ella», lamenta Escudero, quien apunta que ésta no era la única práctica cuestionable que se utilizaba a la hora de hablar de la violencia de género. Relegar ésta al ámbito familiar y privado también era muy habitual, así como minimizar lo ocurrido o tratar los casos como si sucediera un suceso más.

«Bajo el aguacero, el féretro de la victima número 59 de la violencia doméstica en 1997 recibió un largo aplauso». Así se refirió a otro medio escrito reconocido a Ana Orantes durante su funeral, aludiendo al carácter «doméstico» del crimen.

El Avance de las Instituciones

Una televisión nacional habló de «un hecho del todo reprobable». «Convierte a su ex en una antorcha tras 40 años de vejaciones», tituló otro diario, con la noticia en la sección de «sucesos».

El vicepresidente del Gobierno, el popular Francisco Fernández-Cascos, afirma que el asesinato de Ana Orantes es un «caso aislado obra de un excéntrico».

Cuando Ana Orantes muere asesinada, relata Escudero, «todavía no se había logrado trasladar a los poderes públicos que estábamos ante un problema estructural de la sociedad que debía dejar de ser privado para ocupar el primer plano de la agenda pública». «Gracias a Ana la gente puso cara a lo que estaba pasando», asegura.

Tres meses después del asesinato, en marzo de 1998, el Gobierno sucedió su primer plan de acción contra la violencia doméstica, apunta Dancausa. «Hoy la violencia contra la mujer ha superado la dimensión privada y se considera como un atentado hacia la propia sociedad», recogió dicho texto en su introducción.

«Empezó un proceso de sensibilización el que se llevó a cabo campañas de información en televisión y centros educativos, promoción de estudios y cursos de formación dirigida a los medios de comunicación», recuerda Dancausa, quien subraya que «desde el punto de vista legislativo se cambiaron hasta 11 leyes».

Reformas legislativas y nuevas normas

El siguiente paso fue la modificación del Código Penal de 1999, año en el que se tipificó la violencia psicológica como una forma de malos tratos en el ámbito doméstico. También se reformó la Ley de enjuiciamiento del delito para introducir la persecución de oficio de los malos tratos, es decir sin necesidad de denuncia por parte de la víctima.

Asimismo, se incluyeron las órdenes de alejamiento en el artículo 48 del Código Penal, que establecieron la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas que los tribunales dictaminasen por cualquier medio.

En 2002, el PSOE registró una Proposición de ley contra la violencia de género, pero no fue lassida a trámite por los votos en contra del Partido Popular, que gobernaba en aquel momento.

Un año después, en 2003, se produjo la Ley reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, que permitió a los jueces adoptar medidas civiles y penales provisorales en un plazo máximo de 72 horas después de recibir una denuncia por violencia machista.

Aquel año también se consiguió a contabilizar oficialmente las víctimas de la violencia de género, que a día de hoy suman 1.174.

La Ley integral contra la violencia de género llegaría finalmente en 2004 con el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

La norma fue aprobada por unanimidad e introdujo un agravante por género en los delitos de lesiones, maltrato habitual y trato degradante. También mecanismos de protección para las víctimas como disnizaciones, asistencia jurídica gratuita o recursos habitacionales, impidiendo así que las mujeres maltratadas tuvieran que vivir con su agresor, como le pasó a Ana Orantes. EFE