Madrid (EFE).- La Presidenta del Congreso, Meritxell Batet, acata la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la tramitación parlamentaria de la reforma del Poder Judicial, pero asegura que Defenderá la Autonomía del Poder Legislativo ante este hecho sin prezedentes.

«A la mayor brevedad esperamos sers y presentar en el tribunal argumentos para defender la autonomía parlamentaria», ha dicho esta noche en una declaración institucional realizada en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio del Congreso.

La Presidenta de la Cámara Baja ha resaltado que la resolución adoptada por el Tribunal Constitucional «ha tenido por efecto la suspensión de un procedimiento legislativo en curso, un hecho que carece de prentetes en la historia de nuestra jurisdicción constitucional».

Preocupada por la «interrupción» de la potestad legislativa

«Con la decisión conocida hoy se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo. Este cambio del modo de proceder seguido hasta la fecha de producción de una honda preocupación, desde el punto de vista del correcto funcionamiento del poder legislativo y del ejercicio de sus facultades constitucionales», ha recalcado.

Batet ha hecho estas declaraciones poco después de que el Pleno extraordinario del Tribunal Constitucional haya estimado la medida cautelarísima por seis votos a cinco, solicitada por el PP contra los acuerdos en los órganos del Congreso que han Permitido Tramitar dos enmiendas en la reforma del Código Penal que Permitían La Renovación del TC y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Presidenta del Congreso ha recordado que en los últimos cuarenta años, no se había experimentado o contemplado la posibilidad de una actuación suspensiva del ejercicio de una función constitucional básica en una democracia como es el debate parlamentario y la potestad legislativa, reconocida en el artículo 66 de la constitución.

«Y en este punto, la actuación del Congreso de los Diputados no puede ser sino una: la del cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional», ha dicho tras concluir que «a la mayor brevedad, esperamos ser oídos y presentar ante el Tribunal nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria, así como las funciones de este poder, del poder legislativo».

Podemos y Socios del Gobierno: «Un golpe a la democracia»

Podemos y otros sociales del Gobierno han calificado de «Golf sin prezedes a la democracia» la decisión de la Constitucional de paralizar la tramitación de la renovación del TC.

«La derecha política, mediática y cortesía consuma un golpe sin prezedentes a la democracia, toca demostrar que los demócratas somos más», ha subrayado la líder de Podemos, Ione Belarra, a través de las redes sociales.

El portavoz de los comunes, Jaume Asens, que forma parte de Unidas Podemos, se ha referido también a esta resolución como un «golpe contra el poder del pueblo y la separación de poderes. Estamos más cerca de convertirnos en Hungría o en Polonia».

ERC, por boca de su portavoz Gabriel Rufián, ha señalado que la corte de garantías ha decidido paralizar un pleno del Senado que no le gusta, «dar una champions más al Real Madrid, hacer Presidente del Congreso a Pepe Reina y calificar los sobresueldos del PP como propina».

Más País propone una reforma contra los retrasos en la renovación de los magistrados

Mientras, desde Más País, Íñigo Errejón ha lamentado que se haya consumado «el atropello democrático» y ha anunciado que han terminado de Registrar una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y evitar los retrasos en la renovación de los magistrados.

La reforma que plantean, prevén, entre otras cosas, que los magistrados propuestos por el Consejo General del Poder Judicial y por el Gobierno se renovarán cada nueve años, y si transcurrieron nueve años y tres meses uno de estos dos órganos no ha realizado su propuesta , se procedió a la renovación de los dos magistrados diseñada por el órgano «que ha cumplido en tiempo su deber constitucional.

Además, introduzca la posibilidad de que el Gobierno o el CGPJ puedan renovar a la parte del Tribunal que les corresponda, de manera desagregada si transcurrió tres meses desde la fecha en la que se debería haber producido la renovación, el otro órgano no ha cumplido con su deber constitucional de designación de sus candidatos.