rafael herrero |

San Sebastián (EFE).- El 2022 ha dado inicio a la segunda década sin el terrorismo de ETA, en la que aún se gestiona las consecuencias de años de violencia en Euskadi, con juicios de casos pendientes y la consolidación de un cambio notorio en la politica penitenciaria hacia el fin definitivo de la dispersion.

Este año ha sido el primer ejercicio completo en que el Gobierno Vasco ha gestionado las cárceles vascas, tras hacerse con la competencia de prisiones el 1 de octubre de 2021.

Este proceso se ha desarrollado en chances con una aceleración de los acercamientos de presos de ETA por parte de Gobierno central, que solo en el pasado año autorizó 145 traslados y en 2022 ha aprobado 81.

Los traslados han continuado este año, de manera que, si el 31 de diciembre de 2021 el 48 % de los reclusos de ETA (92) cumplía condena en las cárceles de Euskadi y Navarra, a day de hoy ese porcentaje se ha incrementado hasta el 84%

Entre los reclusos que han llegado este 2022 a prisiones vascas figuran algunos de los exdirigentes de mayor peso y simbolismo, como Francisco Javier García Gaztelu «Txapote», condenado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, o Henri Parot.

Según la última actualización de datos de la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat, actualmente 148 presos cumplen condena en las prisiones de Martutene, Zaballa, Basauri y Pamplona, ​​mientras 14 están ingresados ​​​​en centros penitenciarios del resto de España, la más alejada de ellos Irantzu Gallastegi, interna en Estremera (Madrid), a 520 km del País Vasco.

Además, otros 12 reclusos permanecerán en Francia, 11 de ellos acercados a Lannemezan, a 330 km, mientras que una, Ainhoa ​​​​​​Ozaeta, se halla en la carcel de Reaud Su Francillen, a 925 km.

Los datos aportados por Etxerat apuntan a que durante este año, la administración central autorizó un total de 81 acercamientos, mientras que 20 condenados por terrorismo fueron excarcelados, 14 de ellos por cumplimiento íntegro de condena y 6 en libertad condicional.

De esta manera, bajo la gestión penitenciaria del Gobierno Vasco se encuentran actualmente 119 presos de ETA, de los que 66 están internos en la carcel alavesa de Zaballa, 23 en la de Basauri (Bizkaia) y 30 en la donostiarra de Martutene.

En el centro penitenciario de Pamplona cumplen pena 10 reclusos vinculados con ETA, otros 16 lo hacen en sus domicilios y dos están ingresados ​​en centros especiales.

Este flujo de traslados, que comenzó el pasado año y ha continuado en este 2022, se ha convertido en un incremento en casi 300 personas de la población penitenciaria de la Comunidad Autónoma Vasca, que ha comenzado a rechazar más movimientos ante la limitación de plazas de sus tres prisiones.

Esta situación se aliviará en 2024, cuando se abra la nueva carcel donostiarra de Zubieta, que sustituirá al actual centro penitenciario de Martutene y contará con 300 plazas más.

Entre las potestades que ha estrenado el Gobierno Vasco está la de gestionar la progresión de grado de los reclusos, en coordinación con las juntas de tratamiento de las Cárceles de Euskadi, uno de losspectos más polémicos, que las asociaciones de víctimas de terrorismo vigilan de Cerca .

La administración vasca ha clasificado en tercer grado en 2022 a 444 presos, de los que 29 tenían vinculación con ETA. Sin Embargo, estas Decisiones, avaladas por citadas juntas de tratamiento, no están siendo pacíficas, ya que la Audiencia Nacional ha recurrido cerca del 80% de los árbitros a presos de la organización terrorista.

De hecho, hasta el momento, 7 de estos progresos de grado correspondientes a reclusos relacionados con ETA han sido revocados por la Audiencia Nacional y los presos han vuelto a prisión en segundo grado.

El Gobierno Vasco tiene constancia de las funciones que se están desarrollando, de los términos favorables de la concesión de estos terceros grados son los mismos que los redactaron antes de que se completaron la transferencia de prisiones, pero la Audiencia Nacional, en sus resoluciones, exige a los presos una posición más explícita de solicitud de perdón a las víctimas.

Al mismo tiempo que el número de presos de ETA disminuye y que la dispersión se ha convertido en un fenómeno casi residual, la justicia continúa su trabajo de esclarecimiento de atentados de ETA y de asunción de responsabilidad a sus dirigentes.

Por ese motivo, la Audiencia Nacional ha celebrado este año juicios por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco, Miguel Zamarreño o Juan Priede, ante el rechazo de Sortu, el partido integrado en EH Bildu, que considera que estos procedimientos constituyen una «venganza» y afirma que, una vez años después del silencio de las armas, es necesario «vaciar» las cárceles en lugar de volver a llenarlas.