Madrid (EFE).- La Policía Nacional ha recibido una estafa de subvenciones europeas en el ámbito rural a través de un sindicato agrario de ámbito nacional, en una operación con 42 personas investigadas, aunque no detenidas.

Además, se han realizado dos registros en la sede nacional de este Sindicato en Madrid y en la regional de Andalucía. Según han indicado a EFE fuentes próximas al caso se estratos de la organización COAG.

Asimismo, es necesario solicitar solicitudes de información sobre las ciudades de Aragón, Baleares, País Vasco, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia y Cataluña, que informa la Policía.

La operación se realiza en el marco de un procedimiento de investigación de la Fiscalía Europea y posteriormente la tutela de un juez de garantías de la Audiencia Nacional.

Ayudas para actividades de atencion a extranjeros que no se realizaran

Las ayudas, concedidas con cargo a los fondos europeos, estaban destinadas a la atención de extranjeros ciudadanos en España en materia de organización y coordinación de contrataciones, asesoramiento en información sociallaboral y visita a alojamientos.

El Exhaustivo análisis de tres ejercicios económicos a nivel nacional reveló la presunta existencia de múltiples irregularidades en la justificación de ayudas mediante un sofisticado sistema de imitación de firmas en los documentos.

Las pesquisas se iniciaron a requerimiento de un Juzgado de Instrucción de Sevilla que, posteriormente, remitiría las actuaciones a la Fiscalía Europea por haber solicitado la investigación, ya raíz de una denuncia contra un sindicato agrario de ámbito nacional.

En la denuncia se hizo referencia al empleo de documentos falsos para justificar actividades no realizadas cuya ejecución se encontró subvencionada.

Con el avance de las pesquisas, los agentes destaparon un presunto fraude en subvenciones, con cargo a presupuestos europeos, en la justificación de las ayudas prestadas por la Dirección General de Migraciones entre 2018 y 2020.

La complejidad de la operación ha radicado en la extensión temporal del Fraud, así como en su extensión a nivel nacional, el colectivo afectado y la naturaleza de los fondos implicados.

La investigación, que ha contado con la colaboración de la Intervención General de la Administración del Estado, constituye la primera explotación operativa de este tipo en España desde la creación de la Fiscalía Europea.