En una carta que acompaña al informe, los desarrolladores piden que se comparta con todos los partidos en el Parlamento (que nuevamente está debatiendo temas de vivienda esta semana) y les piden que puedan contribuir a una debate «abierto y serio». Desde el punto de vista de la asociación, una posible prohibición se aborda «superficialmente».

Según el informe, se trata de una medida que no pasaría el «test de proporcionalidad» exigido por la normativa europea. Para que esto sea posible, el gobierno español tendría que demostrar que es uno medida «esencial» y que no existe otra alternativa «menos restrictiva» para lograr los fines deseados, independientemente del órgano que apruebe la ley.

Al enfatizar que la propuesta viola el derecho fundamental a residir libremente en la UE, el informe reconoce que no tendrá impacto en la prevención de la especulación, mientras que se refiere a otros iniciativas muy similares rechazado por la UE. Estos se refieren a una parte del Tirol austríaco, una región de Dinamarca y una propuesta en Hungría.