Madrid (EFE).- La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), tiene una inversión mínima de la Universidad del 1% del PIB de aquí al 2030 y pretende mejorar la situación del profesorado contratado en condiciones precarias, entra en vigor este miércoles.

La tercera reforma universitaria de la democracia fue aprobada en el Congreso el 9 de marzo con 182 votos a favor (PSOE, PNV, ERC y Unidas Podemos), 157 en contra (PP, Ciudadanos y Vox) y todavía abstenciones, hacia el final por Bildu, BNG y Juntos.

Algunas de las medidas que pretenden acabar con la precariedad dentro del personal docente pasan por fijar un tope del 8% para los contratos temporales -de media en la actualidad suponen el 40%-, reduce el número de profesores asociados y convirtiendo esas plazas en indefinidas y poner fin a la endogamia universitaria.

Limite a las tasas universitarias

Se pretende también introducir mejoras para los estudiantes: limite a los precios de las tasas universitarias -que solo podrán estabilizarse y/o reducirse-, derecho al paro académico, prórroga de la estancia del alumnado extranjero no comunitario hasta un año después de graduarse, etc. .

Otras novedades que contemplan la nueva ley universitaria son la desaparición de la obligatoriedad de ser catedrático para poder acceder al cargo de rector -basta con ser funcionario siempre que se cumplan ciertos requisitos- y una reestructuración de la organización interna, con mayor participación de profesores y Estudiantes.

Normas para los colegios mayores

En materia de género, la ley prohibirá que los colegios mayores privados con un régimen no mixto o segregado se adscriban a una universidad pública. Esta enmienda fue introducida por Más País a raíz del episodio de canticos machistas en el Colegio Mayor Elías Ahuja de Madrid -que tiene este régimen-, cuya investigación por delito de odio fue archivada hace una semana por la Fiscalía de Madrid.

La ley ha sido duramente criticada por la mayoría de la oposición, que ha asegurado que no sirve de nada y que no perdurará en el tiempo, dado que no garantiza la financiación de las universidades ni su neutralidad ideológica, y ha reprochado que la norma no cuenta con el apoyo de toda la comunidad universitaria.

Asociaciones y sindicatos de estudiantes se manifestaron en noviembre de 2022 contra una ley que, junto con la de Convivencia Universitaria (LCU) -aprobada el 25 de febrero del pasado año-, Consideran que set trata de a reforma elitista que pone la universidad pública en juego