En el cabildo de noviembre, al que asistieron los dueños del restaurante y sus simpatizantes, se llegó a un acuerdo para iniciar los trámites que permitan al Ayuntamiento hacerlo enumerar el edificio por razones de patrimonio cultural y para solicitar la suspensión temporal del proceso de la Autoridad de Costas para ordenar la demolición. La esperanza era y es que alguna forma de cotización significaría un estancamiento permanente. Todos los partidos del Ayuntamiento votaron por unanimidad a favor.

En la reciente reunión de la Comisión de Urbanismo, el PP señaló que el Ayuntamiento, Neus TruyolFue cuestionada al respecto y “no presentó informe ni manifestó las gestiones realizadas por su departamento hasta el momento, lo que demuestra que no han tomado ninguna medida”.

Jaime MartínezCandidato a alcalde del PP en las elecciones de mayo, es crítico con el alcalde, José Hila. “No puede volver a engañar a los ciudadanos. Después de dos meses, no se movió ni un solo papel para proteger el patrimonio de Palma”. Para él, proteger el edificio no es la prioridad. Los partidos de la coalición sólo votaron «para salir de un aprieto» porque la sala del consejo estaba repleta de vecinos que exigían una solución. El Gobierno, argumenta Martínez, “ha respondido a presiones” de organizaciones como esa GOB ambientalista.

Truyol ha respondido que las actuaciones están «en fase preliminar». Todo el proceso, explica, «va a ser largo», al menos un año. Ella agrega que enumerar el edificio «no es garantía» de que no terminará siendo demolido.

Aunque las competencias de la Autoridad de Costas se traspasarán al Govern de les Illes Balears (a partir del 1 de julio de este año), el consejero de Medio Ambiente, Miquel Mir, ha aclarado que este traspaso no afectará a Illes Balears Orden de derribo de Costas.