Los investigadores estiman que el preso y su empresa ganaron unos 800.000 euros gestionando el yate «Tango», que fue registrado por agentes de la BfR en Palma en abril del año pasado Investigación de la Guardia Civil, el FBI y el Homeland Security de EE.UU. (SU).

En ese momento se confiscaron documentos que ahora han llevado a la detención de este ciudadano británico.
El yate es uno de los decomisados ​​en Mallorca Conexiones con el magnate ruso Viktor Vekselberg tras el inicio de la guerra en Ucrania.

El británico está acusado de haber cometido Fraude y lavado de dinero en nombre de un ciudadano ruso y propietario de un conglomerado empresarial ruso con intereses en los sectores del petróleo, la energía y las telecomunicaciones, según la Guardia Civil.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció el fin de semana pasado que había acusado a Richard Masters, jubilado Ciudadano británico residente en Mallorcapor eludir las sanciones contra Rusia.

El ciudadano británico detenido es propietario y dirige una empresa comercial con sede en Palma que presta servicios de gestión y mantenimiento de embarcaciones.

Entre sus clientes y embarcaciones administradas se encontraba un yate propiedad de un ciudadano ruso que tiene prohibido operar en los mercados estadounidenses y con firmas comerciales y financieras estadounidenses.
Este yate fue utilizado por el ciudadano ruso y su familia.

Según la Guardia Civil, a pesar de conocer las sanciones y prohibiciones existentes, la empresa del detenido prestaba servicios al propietario y usuarios del yate.

Los británicos aparentemente están evitando las sanciones. le dio al yate un seudónimo para no despertar sospechas.

Prestó servicios y bienes para el propio yate, su propietario y sus usuarios, valorados en más de $485,000, según autoridades estadounidenses.

Asimismo, el preso y su empresa obtuvieron importantes ganancias al aprobar y coordinar el presupuesto operativo anual del yate, siendo una gran parte del presupuesto la empresa administradora del barco.

la yate de 90 millones de euros enarbola la bandera de las Islas Cook y está registrada a nombre de una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas, que a su vez son administradas por empresas en Panamá, todo parte de un complejo esquema financiero y corporativo para disfrazar a los verdaderos dueños del barco ante los Guardia Civil.