Las Palmas de Gran Canaria (EFE) No se pueden exigir presentaciones «desproporcionadas» para los intereses generales.

En una entrevista con EFE, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández Vicién, ha avanzado el contenido de una declaración conjunta de la CNMC con los órganos de competencia de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, Extremadura y País Vasco, sobre la materia y ha llamado a evitar las restricciones necesarias sobre cualquiera de los subsectores que perjudiquen «notablemente» a consumidores y usuarios.

Fernández Vicién tiene la prioridad por la situación de regulación de las VTC en España y ha expresado las limitaciones de las competencias de las Comunidades Autónomas de Llevana en las Comunidades Autónomas de Algunas, que avalan la desaparición del servicio alternativo como representante de las VTC.

«En otras vemos una regulación muy restrictiva y observamos que eso elimina en definitiva la competencia en el sector del transporte urbano y es algo que no beneficia en absoluto al consumidor», ha declarado el presidente de la CNMC.

«Los VTC llevaron a una renovación del taxi»

A su juicio, la enterda de los VTC Permitió una modernización del sector de transporte individual de viajeros por carretera en un contexto en el que el sector del taxi no había llevado a cabo una renovación «en los últimos 25 años».

«Las licencias de taxi se han quedado estancadas, sin renovación y crecimiento en los últimos 25 años. La entrada de las VTC vino a dinamizar el sector, proporcionar servicios de mayor conectividad, se puede programar, permitir el seguimiento en directo de los trayectos y también una bajada de los precios. Por eso manifestamos nuestra preocupación por la pérdida de beneficios para el consumidor y de compencia que tiene esta situación», ha ahondado Cani Fernández.

Fernández ha hecho un llamamiento a las administraciones para que a la hora de establecer cualquier tipo de regulación lo hagan de acuerdo a los principios de necesidad y proporcionalidad, «siempre pensando en que la compencia production beneficio entre los consumidores».

El real decreto ley, ha explicado, establecía un período de 4 años para llevar a término la regulación, y dejaba la puerta abierta a que suceden varios escenarios: algunos han sido aperturistas, otros han sido más restrictiv y algunos directamente no las han regulado, lo que ha implicado la desaparición del servicio de los VTC.

Restricciones, «las estrictamente necesarias»

Así, Fernández ha insistido en que hay restricciones que son necesarias y que hay regulación legal y que las facultades suponen beneficios para los consumidores.

En su declaración conjunta, las autoridades de competencia han registrado que la adopción de cualquier limitación o restricción que altere el funcionamiento del mercado deberá venir precedida de una ponderación de los intereses generales que se pretenden salvar, aplicando los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación en la regulación de la actividad.

También han puesto de manistso la conveniencia de que toda medida regulatoria que pueda restringir la capacidad o los incentivos de los operadores económicos para acceder a un mercado o para efectivamente competir en él se someta a consulta previa de las autoridades de competencia, así como la pertinencia de que se atiendan las recomendaciones realizadas.