Las principales preocupaciones de los empleadores se relacionan con el procesamiento de Zonas de Protección Ambiental, como la protección de aves. Durante esta tramitación quedarán suspendidas las licencias de obras municipales y urbanísticas.

Argumentan que el texto no proporciona un marco regulatorio «estable, predecible, integrado, claro y seguro». Agregan que es esencialmente incomprensible y que no hay «una sola palabra» sobre cualquier compensación que pueda resultar de la negación del desarrollo.

La ley existiría «poderes exorbitantes» exigir al gobierno que «tome decisiones con carta blanca sin justificación» y deje a las personas «en un estado de total inseguridad» incluso después de adquirir los derechos correspondientes.