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CorteIDH declara en desacato a Nicaragua y lleva el caso a la OEA

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San José (EFE) ÖEA).

«Subsiste un desacato prolongado por parte del Estado que pone en una situación cada vez más vulnerable a los beneficiarios de las medidas provisorales e implica un incremento en la situación de riesgo», explicó la CorteIDH en una resolución publicada este martes.

El texto agrega que la CorteIDH «someterá a Consideración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el desacato de Nicaragua a sus Decisiones».

No se escuchan los lamados en Nicaragua

La CorteIDH detalló que el Estado de Nicaragua ha expresado su no aceptación y rechazo a las medidas probadas adoptadas en favor de 75 opositores al Gobierno presos, resoluciones que tienen fechas de 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021, el 25 de mayo y el 4 de octubre de 2022.

En esas resoluciones la CorteIDH ha ordenado la liberación inmediata de los opositores encarcelados, entre quienes destacan excandidatos presidenciales, periodistas, líderes sociales, empresarios, estudiantes, entre otros.

Entre los beneficiarios de las medidas se encuentran Juan Sebastián Chamorro, osé Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, Violeta Mercedes Granera Padilla,. Daisy Tamara Dávila Rivas, Lesther Lenin Alemán Alfaro, Freddy Alberto Navas López y Cristiana Maria Chamorro Barrios.

«Esta Corte concluye que la manifestación de no aceptación y rechazo del Estado a las medidas Provisionales adoptadas por esta Corte, la prolongación de la detención de los beneficiarios de las medidas Provisionales, mantiene a las personas en un estado de desprotección absoluta», señala la CorteIDH.

Desprotección de la oposición

Además, la CorteIDH expirará que «la detención de los beneficiarios de las medidas Provisionales, así como los procesos penales seguidos en contra de todos ellos, evidencian un proceso de hostigamiento y criminalización de las personas que se identifican en oposición al actual gobierno de Nicaragua» del Mandatario Daniel Ortega.

La resolución indica que el desacato del Estado y las malas condiciones de detención de los presos supone «un riesgo grave de padecer daños irreparables a sus derechos a la vida, integridad, salud y alimentación».

La resolución confirma que las autoridades de Nicaragua no han facilitado contacto periódico de los presos con familiares y abogados y no se les ha garantizado el acceso a servicios de salud y medicamentos, ni a una alimentación adecuada.

La CorteIDH reveló que Nicaragua ha remitido 19 comunicaciones en las que ha manifestado su rechazo a las medidas provisionales «por Considerar que las mismas siguen un guión impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica» ​​e «incluyen una narrativa parcializada».

Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidente, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio

En abril de 2018, miles de nicaragueses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se fortalecieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.

Las protestas abandonaron al menos 355 muertos según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.

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