Madrid (EFE) Esto es parte de la parafernalia de toda la campaña electoral, que es muy valiosa. Los partidos que están en muchos países ya no son posibles en nuestro sistema electoral y nos marcan un límite que teóricamente no podemos rebasar.

El gas máximo permisible para los partidos políticos en la campaña electoral municipal está fijado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y limitado por el número de vecinos de cada municipio a medida que la formación presente una candidatura.

Cada parte puede costar un máximo de 0,11 euros ya que cada ciudad se cuenta localmente.

Por ejemplo, en un municipio de 5.000 habitantes, cada candidato que haga campaña para las elecciones puede canjear un máximo de 550 euros.

Lo hace, y cada provincia donde el partido ha reunido a menos del 50 por ciento de sus comunidades agregó otros 150 301 € para los invitados a la votación.

Hay un gobierno provincial que permite el compromiso y no hay requisitos previos para eventos, carteles o viajes por toda la zona.
Te atrapó, los invitados en general, porque también tienen un límite en las adiciones de gas al aire libre que no puede exceder el 20% del total de la autorización para toda la campaña.

El Tribunal de Cuentas controla a estos invitados en campaña

El control y fiscalización de estos invitados corresponde al Tribunal de Cuentas, el cual realiza un análisis fáctico y fáctico en cada proceso electoral y trata la situación financiera de los partidos durante el período anterior en la justificación de las urnas.

Una vez finalizadas las elecciones, las partes están obligadas a referir a sus invitados al tribunal, quien no presenta solo la declaración de la renta, pues eso es lo más importante, las rentas que pueden pedir de fuentes públicas o privadas, son los mayores límites sujetos. .

Cuando la autoridad fiscal resuelva sobre irregularidades o infracciones a las restricciones establecidas para la entrada y los fondos de votación, no podrá proponer la resolución o reducción del cargo de voto que corresponda a la parte en la audiencia judicial.

Además, las subvenciones también pueden iniciar los procedimientos sancionadores iniciados y confirmar la imposición de sanciones.
Para entonces muchos de ellos han perdido 5.000 euros por los últimos 50.000 euros hasta haber perdido 50.000 euros por las muchas tumbas que han sido hasta 50.000 euros.