El viernes, TROZO envió una carta al Ministerio recordándole la decisión de 27 de julio de 2022 de rechazar una solicitud de los propietarios para la legalización del restaurante, que ocupa y por lo tanto es un espacio público marítimo-terrestre Violación de la Ley de Costas a menos que la Autoridad Costas (parte del Ministerio) haya dado permiso. El ministerio ordenó la demolición del edificio y la eliminación de las terrazas.

El GOB indica que ha pasado un plazo establecido de seis meses para que se cumpla el pedido, y señala que «no solo no se ha cumplido el pedido, sino que las operaciones del restaurante continúan con normalidad». La organización ecologista dice que es «grave» que el restaurante funcione en terrenos públicos desde hace cuarenta años «de una manera completamente ilegal». “Aún más grave” es que los propietarios no han cumplido con la orden de cierre y continúan a pesar de la negativa a legalizarla.

La cantidad de tiempo que ha existido ocupación del dominio público “no puede ser excusa para reclamar continuidad”. La Ley de Costas «aclara» que no se aceptan derechos distintos al uso y explotación lícitos.