Tegucigalpa (EFE). – “El decomiso de 222 personas destruidas (Nicaragua) es un tribunal supremo del totalitarismo” de Daniel Ortega, presidente del Gobierno, condenó el observatorio multidisciplinario Urnas Abiertas.

Controlado por los sandinistas, el Poder Judicial de Nicaragua ordenó a la Fiscalía General de la República desalojar a los 222 políticos despedidos hasta que Estados Unidos perdiera la privacidad de su nación el 9 de febrero.

“El decomiso ordenado por el régimen de Daniel Ortega, en nombre de la Fiscalía General de la República, es un nuevo resguardo para la protección de la Constitución Política de Nicaragua”, dijo Urnas Abiertas en un comunicado.

Este observatorio informa que “las instituciones del Estado” de Nicaragua “trabajan continuamente para violar los derechos humanitarios de Nicaragua” y que “ha violado violentamente la propiedad de la privacidad que está bajo la protección de las políticas constitucionales y del gobierno”. instrumentos internacionales de Derechos Humanos”.

Según Urnas Abiertas, «la mediación se protege de la seguridad jurídica de Terz» porque cuenta con un miembro de la «comunidad internacional para apoyar las Medidas y los esfuerzos de ayuda necesarios para la restauración de la democracia en Nicaragua».

“Desde Urnas Abiertas denunció que es una nueva expresión del totalitarismo y la arbitrariedad que está poniendo el régimen”, señaló.

Los expropiados

En una causa en la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, se anunciaron los cuatro, pero el 19 de mayo, la Fiscalía General de la República ordenó que “la inmovilización y la descomposición a favor del Estado de Nicaragua procedan de todo Bienes que “Los Conspiradores han inscrito a su favor en los registros públicos de la propiedad y del comercio del país, tienen carácter personal o persona jurídica.”

Al respecto, se resolvió que “su persona física o jurídica es inamovible del Estado de Nicaragua frente a las empresas acreditadas y mercantiles que contratan los conspiradores y renuncia a ellas”.

Entre los 222 funcionarios nicaragüenses desposeídos se encontraban 7 personas que querían disputar la presidencia con el actual mandatario Daniel Ortega.

El hijo desposeído Cristiana Chamorro fue reemplazado en noviembre de 2021 por la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), la candidata a la presidencia de Nicaragua, muy probablemente de Ortega.

Según Chamorro, la lista de despojos también incluye a los otros tres de sus principales opositores que quieren matar a Ortega en las urnas: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.

Disidentes Sandinistas entre los afectados

La lista incluye a la legendaria exguerrillera Dora María Téllez, el excanciller Francisco Aguirre Sacasa, los excancilleres Víctor Hugo Tinoco y José Pallais, y los excancilleres Mauricio Díaz y Edgar Parrales.

Entre ellos se encuentran los empresarios José Adán Aguerri, Michael Healy y Álvaro Vargas, el banquero Luis Rivas, el gerente general de La Prensa Juan Lorenzo Holmann, el ministro de Defensa Pedro Joaquín Chamorro y los estudiantes lectores Lesther Alemán y Máx Jérez.

Esto incluye defensores de abusos a los derechos humanos, sandinistas no identificados, campesinos organizados, sacerdotes, periodistas, activistas y profesionales independientes.

Nicaragua vive una crisis política y social desde abril de 2018, principalmente por las polémicas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, cuando Ortega anunció la reelección para un quinto mandato poco después y posteriormente con su cargo, Rosario Murillo vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.