Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El Cabildo de Tenerife ha reembolsado a la Fiscalía un informe relativo a presuntas irregularidades detectadas en la concesión de “bajas incentivadas” a personas de las sociedades Casino Playa de Las Américas, Casino Taoro y Casino Santa Cruz 2012 a 2019.

En concreto, la documentación y los anexos elevados a la Fiscalía se refieren a las bajas incentivadas que, según el estudio realizado, «podrían calificarse como despidos disciplinarios falsos y administración desleal», que conllevaron el pago de 1.579.945 euros en concepto de ininizaciones , ha informado este fournes el Cabildo tinerfeño.

Además, añade que algunos trabajadores llegaron a cobrar «una innización superior a su salario anual, excediendo, portanto, la innización por despido objetivo» a través del procedimiento de conciliación y sin que existiera una resolución judicial que obligara a ello.

Desde el momento en que el Cabildo de Tenerife tuvo constancia de este procedimiento ha informado a los órganos de gestión de las sociedades de las sociedades de Casinos de todos los pasos que se han dado para aclarar los hechos, señala la corporación insular en un comunicado.

Tal y como se detalla en el informe, en las cartas enviadas a cada uno de los trabajadores afectados las bajas estaban calificadas como «despidos disciplinarios», lo que llevó a los trabajadores a recurrir la decisión de las sociedades, acudiendo al Servicio de Mediación Arbitraje y Arbitraje (SEMAC).

En el SEMAC las sociedades reconocieron la improcedencia del despido y ofrecieron una disnización a los trabajadores que en determinados casos, excedía a la correspondiente a un despido objetivo.

El informe destaca el hecho de que este «modus operandi» lo repiten varias decenas de trabajadores que fueron despedidos entre 2012 y 2019, muchos de ellos con edades cercanas a la jubilación que en ningún caso recurrieron a los juzgados para obtener su compensación.

El Presidente del Cabildo, Pedro Martín, señala que ya en las últimas auditorías realizadas de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, el área de Intervención detectó diversas irregularidades en los entes dependientes que afectaban a la contratación de personal, a los contratos con terceros ya la gestión económica y financiera.

Para contrarrestar esta situación, el Cabildo de Tenerife afirma que ha promovido durante este mandato la elaboración de instrucciones y procedimientos internos específicos para garantizar que en los diferentes entes públicos se cumple con normas básicas como son la Ley de Contratos Públicos (CSP), el estatuto Básico del Empleado Público y la ley General de subvenciones. EFE