Madrid (EFE) Mientras que desde La Moncloa se afirma que se están abordando soluciones de la mano del Ministerio de Igualdad, desde Podemos se denuncia una ofensiva orquestada por sectores conservadores contra la norma.

El Partido Popular ha vuelto por su parte a aprovechar la oportunidad para, a través de su secretaria general, Cuca Gamarra, ofrecer los votos de los populares en el Congreso y Senado y Permissionir que el Gobierno pueda reformar la ley de ‘solo sí es sí Sin necesitar los votos de Podemos.

Desde esa parte del Gobierno, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, defía de nuevo hoy, en Twitter, la norma y lanzaba su oposición contra «la derecha court y mediática» a la que responsabilizaba de «redoblar la presión».

Una ofensiva orquestada contra la ley

Idéntico mensaje del de la coportavoz de Podemos, Isa Serra, y del diputado Rafa Mayoral, quienes han denunciado «una ofensiva en toda regla» contra la ley del «solo sí es sí», en su opinión orquestada por sectores conservadores que están «presionando » Estos días para «volver al modelo anterior».

Irene Montero, de manera «seria y rigurosamente», según han indicado fuentes de La Moncloa.

Las mismas fuentes señalan que los dos partidos del Gobierno de coalición, «con plena sintonía», son conscientes de los efectos indeseados generados por la aplicación de la ley, con la revisión de condena a agresores sexuales, y quieren contribuir juntos a resolverla.

Abordar con responsabilidad esta situación, incidente desde Moncloa, requiere detenimiento, porque es compleja desde el punto de vista técnico. No se oculta y se comparte, además, la preocupación social ante este tema.

Sin acuerdo para una solucion valida

Fuentes de Podemos han agregado que «el Gobierno no ha parado de buscar fórmulas para que la ley se aplique de forma correcta, compartiendo la preocupación social por las Decisiones de aquellos jueces que están decidiendo rebajar penas. Seguimos trabajando en ello».

«Pero a día de hoy no hay acuerdo sobre una solución válida. El PSOE tiene presiones para volver al modelo anterior y que el consentimiento deje de ser el centro del código penal», han añadido las fuentes.