El expresidente de Murcia ha sido condenado a tres años de prisión por manipular la licitación de un proyecto de auditorio durante su mandato.

Pedro Antonio Sánchez también fue multado con 3.600 euros e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 17 años y tres meses porque su amigo arquitecto recibió un encargo público sin concurso.

El caso gira en torno a un proyecto de auditorio en Puerto Lumbreras durante el mandato de Sánchez como alcalde, que encargó al arquitecto Martín Lejarraga.

El tribunal lo declaró culpable de organizar la licitación de forma oral con Lejarraga y de hacer todo lo posible para «evitar la libre competencia entre profesionales en la licitación».

El expresidente del Partido Popular también fue declarado culpable de un segundo cargo por aceptar cambiar el proyecto cuando se manifestó su “inviabilidad técnica y económica” para retener una subvención regional de 6 millones de euros para el desarrollo de edificios culturales.

Los cambios significaron que la subvención no era reembolsable incluso si el proyecto nunca se completaba.

Lejarraga también fue declarado culpable de su participación en la conspiración, pero escapó de prisión y, en cambio, se le prohibió ocupar un cargo o empleo público durante 16,5 años.

Sin embargo, el exalcalde fue absuelto del cargo penal de fraude a la administración pública porque, según el tribunal, «el proyecto modificado no pretendía defraudar al ayuntamiento».

Durante el juicio, Sánchez negó las acusaciones y afirmó que siempre había actuado en interés público y de acuerdo con la ley.

Sánchez fue presidente de Murcia de 2015 a 2017 cuando se vio obligado a dimitir tras verse implicado en el caso del Auditorio.

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