La mayor demanda es de 9,5 millones de euros de la cadena de gimnasios McFit. Un operador de bingo exige un millón de euros mientras la sanidad privada grupo juaneda está pujando por 4,6 millones de euros, siendo su caso diferente a los demás ya que fue declarado un servicio esencial y por tanto no pudo acogerse al régimen de ERTE.

Estas demandas están siendo procesadas actualmente por el gobierno, que terminará por desestimarlas todas, por lo que lo más probable es que sean llevadas a los tribunales. Aunque difieren en ciertos aspectos, estas afirmaciones comparten el argumento de que Sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo contra los gobiernos de España y Baleares en relación con los dos estados de alarma y el toque de queda en Baleares.

Según informa el Govern Balear, su actuación fue consecuencia de la necesidad de actuar proteger a la sociedad en su conjunto de una enfermedad potencialmente mortal. La decisión de convertir las clínicas privadas en un servicio esencial fue tomada por el gobierno español e implementada por los cabildos insulares.

El Consejo Consultivo, el organismo que asesora al gobierno en materia legal, ha emitido sus propios informes sobre estas demandas. Señala que si bien se han levantado ciertas disposiciones (por ejemplo, el toque de queda), ello no significa que sean injustificadas y desproporcionadas, cita Organización Mundial de la Salud Criterios y recomendaciones para evitar un aumento desmedido de contagios que hubiera agravado aún más la delicada situación de salud pública.

En otras regiones españolas, como Asturias y Madrid, las reclamaciones de indemnización han sido rechazadas por sus respectivos gobiernos.