El ÚLTIMO informe de Amnistía Internacional sobre España pide al gobierno que prohíba el uso de balas de goma por parte de la policía, que consideran demasiado peligrosas.

Según el documento de la ONG de derechos humanos titulado «El derecho a la manifestación en España», estos proyectiles tienen un «alto riesgo de impactar en partes del cuerpo especialmente vulnerables, especialmente en los ojos».

Según un informe citado por el diario español El País, 26 personas fueron alcanzadas por balas de goma en España entre 2000 y 2020. En esa cifra también se incluye al hincha de fútbol Íñigo Cabacas, quien murió tras ser alcanzado por uno de los proyectiles.

El informe de Amnistía Internacional también incluía el testimonio del periodista Bernat Vilaró, quien fue alcanzado en el cuello por una bala de goma mientras cubría los disturbios en Barcelona en 2019. Los médicos le dijeron que si no hubiera llevado una máscara antigás en ese momento, habría muerto por el impacto.

Amnistía también criticó el uso de sus porras por parte de los policías en España como «innecesario o excesivo».

El informe llega cuando el gobierno de coalición, encabezado por el Partido Socialista y respaldado por su socio menor Unidas Podemos, está negociando reformas de la llamada «ley mordaza» en España.

La controvertida ley, cuyo verdadero nombre es Ley de Seguridad Ciudadana, fue presentada en 2015 por el conservador Partido Popular en un momento de creciente malestar social derivado de la crisis económica y la corrupción política, e introdujo restricciones a las manifestaciones y la prohibición de tomar fotografías. de policías y multas por desacato o desobediencia a la policía.

El informe de Amnistía sostiene que las reformas de la ley mordaza y del código penal han coartado el derecho a la libertad de expresión en España ya la manifestación pacífica.

La ONG compiló el informe a partir de entrevistas con activistas, periodistas y manifestantes, así como con el Ministerio del Interior.

Las conclusiones del informe, según el diario online español El Diario, es que España necesita un «cambio de dirección legislativa, operativa y judicial» para adecuarla a los «estándares internacionales de derechos humanos».

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