El proyecto de ley para la protección de los denunciantes que destapen delitos graves o actos de corrupción en el sector público o privado ha sido aprobado por el legislador español.

El jueves 22 de diciembre, el legislador español aprobó un proyecto de ley destinado a proteger a cualquier persona que destape delitos graves o actos de corrupción en el sector público o privado. El proyecto de ley pasa ahora al Senado.

La aprobación del proyecto de ley en el Parlamento ha sido saludada por la ministra de Justicia, Pilar Llop, como «un texto muy importante para prevenir y combatir la corrupción». Su objetivo es: «Proteger a toda persona que detecte y revele infracciones penales o administrativas graves en cualquier contexto laboral o profesional».

Con el fin de proteger la identidad de los posibles denunciantes y garantizar su confidencialidad, se ha incluido como requisito un «sistema de denuncia interna». También se incluirá una “Oficina Independiente para la Protección de los Denunciantes” como sistema de alerta externo para proteger a los denunciantes.

Si se aprueba, todos los organismos públicos, sindicatos, organizaciones que reciben fondos públicos y partidos políticos deben implementar el sistema. También debe ser introducido por cualquier empresa que emplee a más de 50 trabajadores.

Las medidas legales están diseñadas para proteger a los periodistas y sus fuentes y para dar tranquilidad a cualquier miembro del público que pueda denunciar un delito.

Estas herramientas tienen como objetivo prevenir las consecuencias «inaceptables» que podrían surgir si se revela la identidad de un informante. Esto incluye situaciones como: “Extinción de contratos, intimidación, conducta desleal y daño a la reputación”.

Las cláusulas de confidencialidad en el contrato de trabajo de un empleado que limitan su capacidad o derecho a denunciar delitos graves también son nulas, dice el texto.

En 2019, la UE adoptó normas para proteger a los denunciantes. Este proyecto de ley será coherente con sus políticas y garantizará que los denunciantes no enfrenten represalias por revelar presuntas irregularidades que afectan al público.

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