Palma (EFE).- El PP y Vox han presentado una moción de justificación constitucional que comunicaron los mártires de la Presidencia del Parlament, porque el partido de Santiago Abascal eligió al presidente de la cámara y los representantes del pueblo asumieron la vicepresidencia primera y una secretaría. Es una de las razones de la inversión de Marga Prohens.

Los dos partidos han llegado formalmente a un acuerdo que suscribirán con el órgano de gobierno del Parlamento y posteriormente romperán el diálogo con ella como candidata a gobernadora presidenta del PP, que se exige con las mínimas abstenciones.

Los negociadores, que no fueron informados de que los otros designados de Vox ocupaban la presidencia, tenían un mandato programático para «cambiar de política en las últimas legislaturas» y traer «un Gobierno estable» a Baleares.

Fuentes de Vox ha señalado a EFE que su propuesta para entrar en este nuevo Gobierno y el PP sufrió un incidente cuando la actuación del lunes se circunscribió al ámbito parlamentario, acorralando a una serie de políticos centrados en los planteamientos comunales de los dos partidos.

Akuerdo en Baleares sobre varias reuniones entre PP y Vox

Jorge Campos, que fue designado candidato al Congreso el pasado 23 de julio, facilitó la investidura de Marga Prohens como presidenta del Gobierno, en una sesión que quiso convocar, cuando se reunió para diversos actos en los últimos días previos a la Constitución del Parlamento.

Algunos de los puntos enciales del preacuerdo son acabar con las políticas y normativas «que promueven el enfrentamiento y la división, o que aquen la unidad de la nación» y con «la imposición lingüística» del catalán.

En cuanto a la formación, Vox consideró que tenía la posibilidad de garantizar la formación en castellano, en todas las etapas, y señaló que la elección del idioma sólo debe garantizarse en los primeros años de estudios. También fue fundada por una escuela de «enseñanza ideológica libre».

Fomentar la actividad empresarial

Otro punto del documento lo firman los parlamentarios de ambos partidos, Idoia Ribas (Vox) y Sebastià Sagreras (PP), que se refieren a la actividad empresarial, con especial atención al turismo.

Además, coinciden los servicios sociales y el apoyo a la familia “en toda actuación de gobierno”, la salud y la protección de las mujeres agresoras, especialmente en el contexto de la “violencia intrafamiliar”.

Otras agencias de aplicación de la ley involucran el uso de un auditor “para identificación y en la corte” involucrado en casos de explotación sexual infantil.

En definitiva, los cinco políticos cercanos al Gobierno de PP y Vox se pronunciaron especialmente contra la «mafia de la inmigración».