Esta última sentencia supone que la decisión del Tribunal Supremo de Palma implicaba esta todos los apartamentos en la ciudad posiblemente podría estar disponible como alojamiento turístico y esto iba más allá de las posibilidades previstas en la normativa balear.

El Tribunal Superior de Justicia había constatado que el Ayuntamiento tenía limitadas las viviendas turísticas sin atender a las «razones imperiosas de interés general» exigidas por la normativa europea para restringir los servicios en la ciudad mercado doméstico. El Tribunal Supremo suprimió este criterio porque no se podía hacer una declaración potencial de todas las viviendas aptas para actividades turísticas de acuerdo con reglamentos regionales.

El Tribunal Supremo se refirió a sentencias similares, una sobre Barcelona Código de la Vivienda y otra por el tribunales europeos. En estos casos, las autoridades locales basaron sus decisiones en el derecho de acceso a la vivienda. En el caso de Palma, el Ayuntamiento justificó su medida con esta altos costos de alquiler en Palma y en que era una ciudad con mucha presión inmobiliaria por el alquiler turístico.

La sentencia del Tribunal Supremo de Baleares no fue seguida por ser objeto de recurso. En teoriaDesde la aprobación en 2018 está prohibido el alquiler de apartamentos vacacionales en Palma.