El gobierno balear está cerrado reembolsar alrededor de 1.800 multas impuestas durante el estado de alarma inicial en 2020. Estas multas, así como las sanciones pendientes que ahora no se imponen, se relacionan con una sentencia del Tribunal Supremo que deroga cuatro decretos del Govern Balear.

Al explicar este martes al Parlamento, la ministra de la Función Pública, Mercedes Garrido, dijo que el Corte Suprema no entró en una valoración de la vulneración de los derechos fundamentales, sino que se refirió a una sentencia del Tribunal Constitucional sobre las competencias de los gobiernos regionales. Ella insistió en que «los decretos del gobierno fueron consagrados en ley en el momento de su promulgación».

Así lo observó Juan Manuel Lafuente del opositor Partido Popular condiciones de alarma Posteriormente fueron declarados inconstitucionales. A su juicio, la reivindicación del PP de una ley de pandemia habría aportado seguridad jurídica y evitado que los ciudadanos «sufrieran actuaciones ilícitas del Govern balear».

Garrido insistió en que un Ley de Pandemia no habría aportado solución porque habría tenido que acudir a los tribunales, como ocurrió en Baleares, antes de que se aprobara una nueva restricción. «¿Se lo vas a comunicar a Alberto Núñez Feijoo (PP), que aplicó todas las restricciones del estado de alarma en Galicia?»