EL Parlamento español ha votado para redactar leyes radicales para acabar con la prostitución.

Dirigida a quienes se benefician financieramente de la explotación de prostitutas a través del proxenetismo y la trata de personas, la controvertida medida tiene como objetivo tratar a las prostitutas como víctimas en lugar de criminales.

El proyecto de ley no ilegalizaría la prostitución en sí, pero propone penas de prisión de entre tres y seis años y multas tanto para los proxenetas como para quienes pagan por las prostitutas.

También propone penas para quienes se beneficien facilitando a sabiendas locales donde se ejerza la prostitución.

Con el proyecto de ley, el gobierno quiere introducir penas de cárcel más largas para el proxenetismo y eliminar el requisito actual de que la policía demuestre una relación de explotación con la trabajadora sexual para enjuiciar.

“Las personas que se acercan a mujeres en situación de prostitución están participando directamente en la red que apoya esta flagrante violación de los derechos humanos”, dijo el Partido Socialista en su cuenta parlamentaria de Twitter.

Pero la ley propuesta se encuentra con opiniones divididas dentro del movimiento por los derechos de las mujeres.

Médicos del Mundo, que estima que alrededor del 80% de las 350.000 mujeres que ejercen la prostitución en España son extranjeras indocumentadas, insiste en que se necesita una ley de este tipo y que hará que las mujeres estén más seguras.

Mientras que Antigona, un grupo de académicos que aboga por la legalización de la prostitución, argumenta que obligaría a los inmigrantes indocumentados a vivir en la clandestinidad y los haría aún más vulnerables.

El proyecto de ley obtuvo el apoyo del partido conservador de oposición Popular y navegó por el parlamento con 232 diputados votando a favor y solo 38 en contra.

Es probable que pase por una serie de cambios antes de ser finalmente aprobado por el Parlamento, un proceso que podría llevar varios meses.

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