Por ley, los funcionarios tienen derecho a que sus administraciones (en este caso, el Ayuntamiento de Palma) garanticen su defensa jurídica si se comprueba que su trabajo ha sido lícito. absolución así lo hará, y así podrá beneficiarse de esta disposición. compensación Las demandas de los abogados reflejan el tiempo que llevará investigar el caso y el juicio antes de que se retiren los cargos.

El Ayuntamiento ya ha tenido que pagar unos dos millones de euros por policías no fue a la corte y el costo de su defensa. A esto se sumaba la compensación por los largos períodos de trabajo e interrupción del salario.

Tras las primeras detenciones de policías, el ayuntamiento se presentó como un fiscal privado pero en un papel muy secundario. El Ayuntamiento no participó en la parte de la investigación que finalmente condujo al juicio de Cursach.

Las denuncias iniciales aseguraban que los policías eran de Palma embrujado varios clubes nocturnos en consulta con el grupo Cursach. Sus defensores han probado que sus acciones han sido respaldadas por numerosas denuncias ciudadanas, decretos de alcaldías y otros medios administrativos.

La posibilidad de que estos gastos sean asumidos por los acusadores privados es limitada, ya que los empresarios implicados dejaron claro en el proceso que su situación económica es mala, por lo que el principal riesgo económico recae en el ayuntamiento.

El Nacional Ministerio del Interior es probable que otra administración sea procesada por la absolución de los cargos.