Santiago de Compostela, 13 feb (EFE).- Desde este martes y durante los próximos meses, la Ciudad de la Cultura, en Compostela, comenzará a recibir a los familiares de las víctimas mortales ya los heridos de la mayor tragedia ferroviaria de los últimos 80 años en España, el accidente que se desencadenó en la Curva de Angrois en julio de 2013.

Tras más de cuatro meses de un juicio que comenzó el pasado 5 de octubre, la magistrada María Elena Fernández Currás dio por terminada el pasado miércoles la fase penal de la vista oral.

Decenas de testigos y peritos han pasado por la sala habilitada para este proceso en sesiones de interrogatorios extensos, casi extenuantes, en una causa difícil, marcada por su gran carácter técnico y que trata de dirimir las responsabilidades del siniestro.

Los dos únicos acusados, el maquinista del tren accadado, Francisco Garzón Amo, y el exjefe de seguridad de la circulación de Adif Andrés Cortabitarte, se enfrentan a cuatro años de cárcel por 80 delitos de homiidio por imprudencia profesional grave.

Los largos testimonios de estos meses han servido para sentarse algunas de las bases de lo que ocurrió aquel fatídico día, el 24 de julio de 2013, cuando el tren que venía de Madrid tomó la curva de A Grandeira (Angrois) a 192 km por hora , a más del doble de la velocidad Permitida y Descarriló, provocando la muerte de 80 personas y dejando heridas a casi centenary y medio.

La llamada telefónica del interventor al maquinista es una de las principales bazas de Adif y de la defensa de Cortabitarte, que centran su defensa en culpar al maquinista de lo sucedido. Sin embargo, la defensa del maquinista también trata de cargar las culpas al administrador por no haber realizado la correspondiente evaluación de riesgos antes de la puesta en marcha de la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago, cuyo proyecto inicial fue modificado, de manera que ser desconectado del sistema ERTMS a través de.

No será hasta junio cuando la magistrada María Elena Fernández Currás tome una decisión y deje visto para sentencia el caso. Pero ahora arranca el juicio en su fase civil, una muy distinta.

En ella se trata de establecer las innizaciones de los heridos y los familiares de las victimas, que suman un total de 57,7 millones de euros. Las acciones se dirigen contra la aseguradora de Renfe (QBE); la de Adif (Allianz Global Corporate & Specialty); Renfe Operadora y Adif.