Lima (EFE).- La Fiscalía de Perú solicitó 15 años de pena privativa de la libertad para el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), por la presunta comisión de delito de cohecho pasivo propio durante su época como gobernador del sureño departamento de Moquegua. anunció el Ministerio Público este Viernes en su perfil de Twitter.

«(El) equipo Lava Jato formuló ayer requerimiento acusatorio contra Martín Vizcarra Cornejo y solicitó 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de cohecho pasivo propio», excluyó el mensaje del Ministerio Público.

Detalló que la acusación fiscal incluye dos hechos, por una parte el proyecto «Lomas de Ilo», y por otra el proyecto «Ampliación y Mejoramiento del Hospital Moquegua», señaló.

Además, la Fiscalía pidio contra Vizcarra nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En 2020, el fiscal Germán Juárez, del Equipo que investiga el caso Lava Jato en Perú, le hace preguntas sobre las oportunidades interrogadas en Vizcarra, pues las empresas ganadoras de las licitaciones en el apartamento de Moquegua, donde fue un popular gobernador regional, entonces también investigadas al estar comprometidos en el «club de la construcción», un grupo de compañías supuestamente se repartirían las obras públicas a cambio de millonarios sobornos.

La Fiscalía Peruana informó este viernes que ha conseguido reactivar el mecanismo de Cooperación Judicial Internacional con las autoridades brasileñas en relación con el caso Odebrecht, suspendido el pasado 1 de noviembre tras un pedido de la compañía.

«Los Fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, junto a la procuradora ad hoc, Silvana Carrión Ordinola, suscribieron el acta con la cual los representantes de la empresa CNO (Odebrecht) solicitan a la Procuraduría General de Brasil quereaktiv las solicitudes de cooperación internacional de laficía peruana», reza un comunicado del Ministerio Público.

La decisión inicial del Ministerio Público Federal de Brasil fue adoptada como respuesta a una demanda de Novonor, Antigua Odebrecht, que denunció la violación por parte de las autoridades peruanas del acuerdo firmado entre ambas partes, que incluye la «no utilización de pruebas producidas en Brasil » contra la empresa en aquella jurisdicción.