La visa dorada de España, amenazada durante mucho tiempo por los abolicionistas, puede seguir viva, pero de una forma más restringida.

El visado dorado se introdujo en 2013 a raíz de la crisis inmobiliaria y la crisis del euro y pretendía ser un medio para inflar de nuevo el mercado inmobiliario a través de la inversión extranjera.

Sin embargo, el sistema ha sido criticado por crear presiones inflacionarias y ha sido objeto de escrutinio por ser una puerta trasera para el ingreso de dinero sucio a la economía española.

Las fuentes indican que el Departamento de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está considerando dos posibles formas de frenar las visas doradas.

Una posibilidad es acercar el umbral mínimo para las inversiones inmobiliarias a al menos 1 millón de euros.

El otro, que también se está considerando, es incentivar la inversión en áreas menos pobladas o en proyectos de beneficio social.

Los críticos han argumentado que esto solo beneficiaría a los ricos y no resolvería el problema de la presión inmobiliaria.

Actualmente, el programa permite a los extranjeros obtener un permiso de residencia de tres años, prorrogable por dos años más, invirtiendo al menos 500.000 € en una propiedad en España, sin tasas ni hipotecas.

El mecanismo también se aplica a inversiones superiores a 1 millón de euros en depósitos o acciones de sociedades españolas o superiores a 2 millones de euros en bonos del Estado.

Las personas altamente cualificadas y los casos de reagrupación familiar también pueden optar a este permiso de residencia.

Sin embargo, el uso de la cláusula de residencia de inversión representa más del 94% de los permisos otorgados a inversores extranjeros.

Fuentes familiarizadas con el análisis de la Seguridad Social creen que el límite de 500.000 € en una inversión inmobiliaria para obtener la residencia es ahora insuficiente, particularmente en las principales ciudades donde la propiedad de este valor se ha considerado lujosa durante mucho tiempo.

En 2022, España emitió 2.462 permisos de residencia a inversores que compraron propiedades por valor de más de 500.000 €, un aumento de casi el 60% respecto al año anterior.

Los inversores que utilizan otras vías, como comprar deuda pública, invertir en empresas o depositar más de 1 millón de euros, obtuvieron pocas aprobaciones.

El año pasado, solo seis extranjeros obtuvieron permisos de residencia para invertir en deuda pública española.

El gobierno español ha emitido un total de 11.464 permisos individuales desde la introducción de la visa dorada, además de 19.805 permisos de reunificación familiar.

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