Los españoles y expatriados pueden esperar regulaciones significativamente más estrictas sobre cómo eliminar sus residuos a partir del próximo año cuando entre en vigor una nueva ley.

La Ley de Gestión de Residuos y Suelos Contaminados, aprobada el pasado mes de abril, impondrá una nueva serie de requisitos a particulares y empresas para controlar el historial medioambiental relativamente pobre de España.

El objetivo de la ley es hacer que el reciclaje sea la norma en un país que no lo hace para más del 80% de sus desechos.

España produce 455 kg de residuos por persona según el Índice Global de Residuos para 2022, pero recicla solo 86 kg.

Esto coloca a España en el puesto 23 de las 38 naciones encuestadas en términos de gestión de residuos, entre Colombia y el vecino Portugal.

Por ello, los restaurantes deben ofrecer agua del grifo gratis a sus clientes para reducir el uso de botellas de plástico.

Pero como cualquiera que viva en España sabe, el agua del grifo no solo tiene un sabor metálico y químico, sino que también es cuestionable si es segura para beber.

La UE ha señalado repetidamente las prácticas de tratamiento de agua de España, lo que ha llevado a un enorme aumento en el uso de botellas de plástico por parte de la población en general.

También habrá un nuevo gravamen sobre los envases de plástico de un solo uso y otro gravamen sobre los residuos destinados a vertederos e incineración.

El objetivo es reducir las cifras de residuos de España a solo el 15% de los niveles de 2010 para 2030.

Otras reglas exigen que los restaurantes y supermercados minimicen sus desechos al ofrecer a los clientes la opción de llevarse a casa la comida sin terminar, donar las sobras o procesarlas en alimento para animales.

La ley es una creación del presidente del Gobierno socialista, Pedro Sánchez, y el PSOE, pero las cargas que imponen las nuevas reglas a las empresas y al gobierno local han provocado una reacción violenta.

Isabel Díaz Ayuso, líder conservadora del gobierno regional en Madrid, comparó recientemente las políticas de Sánchez con el sectarismo y el comunismo.

A pesar del mal historial de España en la gestión de residuos y la creciente necesidad de tomar medidas para frenar el cambio climático, es probable que la ley se vuelva a examinar si Sánchez es derrocado en las elecciones generales del próximo año, como se esperaba.