Madrid (EFE).- La CEOE ha anunciado esta noche que «no se dan las condiciones» para que pueda asistir a la reunión que este martes ha convocado el Ministerio de Trabajo para tratar de cerrar con patronal y sindicatos un acuerdo respecto a la subida el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023.

En un comunicado, CEOE explica que ya llevó al Ministerio en el mes de diciembre su planteamiento respecto al SMI sin que haya recibido una respuesta, por lo que no acudirá a la reunión y queda «a la espera de recibir formalmente una propuesta del Gobierno para poder analizarla en profundidad» con sus organizaciones.

Entre el 4 de la Patronal Y el 10% de los Sindicatos

The patronal mantiene que el salario mínimo debería subir el 4%, hasta 1.040 euros brutos al mes en 14 pagas, supeditado a establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario ya modificar la normativa de revisión de precios en los contratos con el sector público para poder repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución.

Frente a la postura de la CEOE, UGT y CCOO creen que el SMI tiene que subir al menos un 10 %, hasta 1.100 euros brutos mensuales, mientras que la Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado partidaria de un incremento que se sienta en la parte alta de la horquilla planteada por el comité de expertos (entre 1.046 y 1.082 euros).

Por su parte, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, lleva días persistiendo en que la subida del SMI debería enmarcarse en un pacto de rentas entre patronal y sindicatos que establecen una orientación para el conjunto de salarios negociados en convenio colectivo.

La decisión final será del Gobierno

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado este lunes la intención de la vicepresidenta primera de querer vincular el SMI a la negociación colectiva porque su preocupación está en los salarios más bajos, «los que están teniendo más dificultades para llegar a final de yo».

La decisión final sobre el SMI es del Gobierno, que solo está obligado a consultar a los agentes sociales y que ha señalado que la subida se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero.