Un operativo de la POLICÍA para combatir el robo ilegal de agua detuvo a 133 personas y descubrió más de 1.500 pozos ilegales.

Los impactantes datos fueron revelados el miércoles por el Seprona, la unidad ambiental de la Guardia Civil española, después de una investigación de un año.

Un comunicado decía: «133 personas han sido arrestadas o investigadas por extracción de agua a través de más de 1.533 dispositivos de infraestructura ilegal».

Las áreas más afectadas fueron puntos conflictivos conocidos en Andalucía, incluidos los humedales de Doñana en la provincia de Huelva, que son extremadamente vulnerables desde el punto de vista ambiental debido a la extracción ilegal de sus acuíferos para proporcionar agua para la agricultura intensiva de frutas y hortalizas.

La investigación también se centró en Murcia, donde las prácticas de riego han causado un enorme daño ambiental en la Laguna del Mar Menor.

Las cuencas hidrográficas de los principales ríos de España también están siendo atacadas, dijo la fuerza.

La policía arrestó a 14 personas e investigó 12 negocios en Doñana y sus alrededores, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, por prácticas ilegales de riego, dijo un portavoz policial.

Durante la Operación Mizu II se descubrieron un total de 1.512 pozos ilegales.

“La sobreexplotación de determinados acuíferos por múltiples motivos, principalmente económicos, supone una grave amenaza para nuestro medio ambiente”, ha dicho la Guardia Civil.

Estos pozos no solo amenazan el medio ambiente, sino que también representan un peligro para los animales y las personas, especialmente cuando ya no están en uso, ya que a menudo no están cercados ni señalizados.

Así lo puso de relieve la tragedia de Julen Roselló, de dos años, que murió en enero de 2019 tras caer 70 metros por un pozo en desuso.

Un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza del año pasado advirtió sobre la tasa alarmante de agotamiento de las aguas subterráneas de España, secando ecosistemas vulnerables de humedales y lagunas.

WWF estima que el agua robada cada año es suficiente para llenar 65.000 piscinas olímpicas cada año, lo que supone la mitad del suministro anual de agua de la ciudad de Madrid.

Sin embargo, el enjuiciamiento por tales delitos sigue siendo bajo, con penas que van de seis meses a dos años de prisión, que generalmente se suspende para los delincuentes por primera vez, y multas.

Los infractores más graves podrían ser condenados a cinco años de prisión.

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