
Llamado de ayuda del Ministerio de Derechos Sociales en la atención de casi 3.000 menores en una «crisis migratoria sin precedentes»: Canarias
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La ministra de Derechos Sociales de Canarias, Noemí Santana, lanzó este martes un grito de «ayuda» y «apoyo» para garantizar la atención básica a los niños migrantes en las islas, que en estos momentos suman 2.869 bajo tutela del Estado.
«La situación es extrema», advirtió Santana durante una comparecencia ante una comisión parlamentaria, en la que advirtió que «no hay más espacio», los recursos económicos y humanos son «muy escasos» si no se subsana inmediatamente esta situación, informó el sistema social. no podrá mantener sus estándares anteriores.
“Nuestra preocupación es que en el futuro llame la atención [being provided] se reducirá, no lo dejaremos, llegaremos hasta donde tengamos que llegar», explicó.
Santana insiste en que Canarias vive una «crisis migratoria sin precedentes» y nunca ha habido tantos menores no acompañados en acogimiento familiar, con algo más de 2.300 en los 50 centros de emergencia abiertos por la Comunidad Autónoma y 566 en manos de los ayuntamientos. .
En Gran Canaria hay ya 1.421 menores en centros autónomos y 200 bajo la tutela del Cabildo; en Tenerife 117 y 609 respectivamente; en Fuerteventura 23 y 168 y en Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro un total de 191, 30, 5 y 55, todos ellos en instalaciones de comunidades autónomas.
La ministra lamentó la “falta de colaboración” de algunos municipios de las islas en los centros abiertos y también criticó la falta de “solidaridad” del resto de comunidades autónomas de toda España, que hasta el momento han acogido a tan solo 298 menores.
Santana ha señalado que el Gobierno de Canarias ha «agotado todas las posibilidades» y reclama al Estado y a la Unión Europea (UE) «una distribución responsable» de los menores en un momento de «emergencia humanitaria» y a pesar de la situación en Canarias. Las islas tienen una “frontera sur” de España y Europa, parece que “nadie se acuerda”.

Santana señala que la distribución obligatoria de menores se ha visto lastrada por un «vacío legal» que ha dificultado la aplicación del protocolo exigido por la ley por parte de la comisión interterritorial, dice, ante los «obstáculos» puestos por algunos autonomistas se convirtieron en comunidades.
No obstante, espera que la próxima comisión bilateral entre Canarias y el Estado «sea de gran utilidad» para «dar luces sobre qué criterios se seguirán».
También se ha pedido al Ministerio del Interior que realice una primera valoración «a pie de costa» por parte de técnicos y trabajadores de la ONG Save The Children para determinar la edad de cada recién llegado -el Ministerio del Interior ha rechazado la idea pero vuelve a pedir preguntar como «aliviaría bastante el estrés». Hasta 1.280 menores siguen pendientes de las pruebas médicas de valoración de la edad.
PRUEBA ÓSEA
La ministra agradeció la disposición de la delegación del Gobierno español para ayudar a agilizar las pruebas óseas necesarias.
Dijo que todavía estaba esperando una reunión con el ministro de Migración español, José Luis Escrivá, y agregó que si bien no había logrado asegurar los fondos EU-FAMI para las Islas Canarias, habían logrado obtener alrededor de 50 millones de euros este año. PGE, que se destina precisamente a este requerimiento, la atención a las migraciones.

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