Cuando surgen tales diferencias, se crea una comisión bilateral para resolverlas. Si no pueden resolverse, el Madrid tiene derecho a remitirlos a ese Corte Constitucional para juicios. Así ocurrió, por ejemplo, con la legislación balear destinada a hacer insostenible la tauromaquia. El juzgado falló en contra del gobierno balear.

No es necesariamente el caso que el gobierno español se oponga fundamentalmente a la legislación, pero debe cumplir con el libro, el de la Constitución y el de las Islas Baleares. Estatuto de Autonomía.

Los desacuerdos sobre las medidas del coste de la vida se refieren a las concesiones de transporte público, las ayudas estatales a la obra pública, los incentivos a las energías renovables y la racionalización de la red de distribución de energía de Baleares. Todas las cuestiones técnico legales, se relacionan tanto con el costo de vida como con las causas del aumento de precios. En el sector energético, el Govern de Illes Balears busca la manera de eliminar la dependencia de Rusia a través de su propia financiación energía verde.

Al margen de estas discrepancias, la Fiscalía ha expresado dudas sobre casi todos los decretos legislativos aprobados en Illes Balears durante el año Pandemia. Una a una, estas distintas cuestiones fueron resueltas por comisiones bilaterales, sin necesidad de un proceso judicial, y todas requirieron un cambio en la legislación balear.

Las relaciones entre Madrid y Palma son buenas, pero la regularidad con la que se han planteado retos pone de relieve las tensiones sobre cuánta autonomía y autonomia tienen gobierno autónomo realmente tiene