Es preocupante que uno de cada cuatro pacientes en los hospitales españoles esté en riesgo de desnutrición y, sorprendentemente, este porcentaje sube al 37% en pacientes mayores de 70 años.

Los grupos de mayor riesgo incluyen personas con enfermedades relacionadas con el cáncer (35%), problemas cardiovasculares (29%) y enfermedades respiratorias (28%).

Esto se atribuye a que España sigue siendo el único país de la Unión Europea que no incluye dietistas y nutricionistas en su sistema público de salud.

Esta omisión es especialmente preocupante dado que estos profesionales juegan un papel fundamental en la prevención y detección de la desnutrición y en la prevención de sus consecuencias nocivas.

La falta de prevención da como resultado que los pacientes sean tratados con medicamentos y farmacología, lo que a menudo los expone a complicaciones y efectos secundarios.

Por ejemplo, el cáncer es ahora la segunda causa principal de muerte en España, con la mitad de los pacientes con cáncer que sufren de desnutrición mientras están en el hospital.

La desnutrición altera las propiedades y los efectos de los medicamentos, a menudo requiriendo dosis más altas, lo que lleva a una mayor toxicidad y ciclos de tratamiento prolongados o incluso la interrupción del tratamiento debido a la ineficacia.

Realizar un cribado nutricional al ingreso hospitalario reduciría los costes económicos, acortaría las estancias hospitalarias, reduciría la probabilidad de reingresos y, lo que es más importante, mejoraría la eficacia del tratamiento para los pacientes.

La evaluación nutricional al ingreso permitiría a los médicos y profesionales de la salud identificar la desnutrición de manera temprana y brindar un enfoque de tratamiento más efectivo.

De hecho, la inclusión en la atención sanitaria podría suponer una notable reducción de costes, con un ahorro potencial de hasta 99 € por cada euro invertido en un tratamiento dietético.

También alinearía a España con los estándares propuestos por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea.

Algunas comunidades ya son conscientes del peligro y han contratado a dietistas y nutricionistas profesionales en sus sistemas de salud.

Entre ellos se encuentran Cataluña, Valencia, Baleares, Navarra, Murcia, Castilla y León, La Rioja, Aragón, País Vasco y, más recientemente, Galicia.

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