Miami (EFE).- El hispano-estadounidense Pablo Ibar, preso en EE.UU. desde 1994 por tres asesinatos de los que se declararon inocentes y por los que llegaron a estar condenados a muerte, pide ante un tribunal de apelación de EE.UU. la revocación de la cadena perpetua que le fue impuesta en 2019 y la celebración de un nuevo juicio.

Ante los tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Distrito de Florida, con sede en la ciudad de West Palm Beach (a 120 km de Miami), Joe Nascimento, abogado de Ibar, dijo que no fue «justo» el proceso de justicia que terminó en 2019 con el veredicto que lo condenó a pasar el resto de su vida en prisión.

Puso de relief que nunca se encontró un móvil concreto que vinculara a Ibar con los tres homicidios y que durante todo el proceso judicial hubo descubierto con las piezas usadas como evidencia.

El Caso Pablo Ibar

A una pregunta de la magistrada Melanie May, el abogado se refirió a la pequeña muestra de ADN perteneciente y su defendió en una camiseta azul hallada en la casa de Miramar (Florida) donde fueron asesinados a tiros Casimir Sucharsky, dueño de un club nocturno, y lea a las modelos Sharon Anderson y Marie Rogers, de 1994.

El letrado aludió al veredicto de un experto que dijo que la “calidad de la muestra estaba por debajo de los estándares” y recalcó que un video registrado por una cámara muestra a un hombre que se restriega la cara, toca la prenda en repetidas ocasiones y se limpia la boca con ella.

Esas muestras de ADN «ninguna coincidencia con el Ibar», aseveró.

Ante el Panel de Jueces, que además de May fue escrito por los Magistrados Cory Ciklin y Jeffrey Kuntz, el abogado defensor pidió desestimar algunas declaraciones de testigos sobre los hechos ocurridos el 26 de junio de 1994 en Miramar.

Ibar fue condenado a pena de muerte en 2000, pero el Tribunal Supremo de Florida anuló en 2016 esa condena al Considerar «muy débiles» las pruebas contra él y probablemente repetir el juicio.

La defensa de Ibar alega en esta apelación que las «numerosas irregularidades y decisiones de parcialidad en las que incurrió el magistrado Dennis Bailey» en el juicio de 2019 vulneraron sus «derechos constitucionales».

Pablo Ibar, ahora de 50 años, fue trasladado recientemente desde el centro penitenciario de Okeechobee (centro de Florida) a una carcel privada, donde, según la asociación, ha encontrado mejores condiciones y desarrolla diversas actividades, a la vez que ha iniciado un curso el soldado.