Una crisis ha estallado en España después de que el Tribunal Constitucional (CGPJ) impidiera al Senado votar un proyecto de ley diseñado para cambiar la forma en que se seleccionan los jueces.

El Congreso aprobó la semana pasada el proyecto de ley del gobierno para cambiar la forma de operar del CGPJ, lo que permitiría que dos candidatos de la administración de Pedro Sánchez se unan a la bancada conservadora.

El CGPJ decide principalmente si las leyes y reglamentos son consistentes con la Constitución, incluyendo temas contenciosos como el aborto y la eutanasia.

Pero la bancada estuvo por poco (6-5) del lado del opositor Partido Popular en la moción de anoche de detener lo que se consideró una formalidad en lo que se consideró un voto de ratificación por parte del Senado.

El proyecto de ley se presentó cuando venció el mandato de un tercio de los jueces del CGPJ y los partidos políticos no han podido acordar un reemplazo desde 2018.

La intervención del CGPJ no tiene precedentes desde que la democracia volvió a España tras la muerte del dictador general Franco en 1975.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo el martes: «La democracia exige el respeto a la ley y la voluntad del pueblo».

“Estos son hechos sin precedentes en la historia de la democracia y el gobierno hará todo lo que legalmente pueda para poner fin a este estancamiento injustificado”, agregó.

Sánchez advirtió la semana pasada que los partidos de derecha y los jueces conservadores estaban tratando de pisotear la democracia y amordazar al Congreso.

Ocho jueces conservadores del CGPJ respondieron el sábado tachando sus comentarios de «irresponsables» y un ataque a la legitimidad institucional.

Todo esto está ocurriendo en el período previo a las elecciones generales del próximo año, a más tardar en diciembre, con varias encuestas de opinión que muestran suertes mixtas para los socialistas del PSOE, que gobiernan bajo Sánchez en coalición con el partido de extrema izquierda Podemos.

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