En el Parlamento el martes, el presidente Armengol insistió en que la nuevo decreto ley de turismo no significa crecimiento económico o pérdida de puestos de trabajo.

Para los partidos de la oposición, unánimes en sus críticas al decreto, Josep Melià de El Pi ha dicho que el decreto «ignora la realidad». Apartamentos, donde hay «mucha más rotación» en alojamiento que en hoteles. Por tanto, la moratoria de cuatro años de nuevas plazas del decreto tendrá un grave impacto en el alquiler vacacional.

“En todos los sectores hay empresas que se expanden y otras que se contraen. Hay un desarrollo continuo. El problema de la moratoria es que impide este desarrollo natural”.

Melià explicó que El Pi apoya que no haya aumentos de puestos. Sin embargo, el partido cree que debe haber un intercambio de plazas de alojamiento y eso de por sí frena el crecimiento. “No podemos aceptar que se desarrolla una deficiencia crónica y que no hay forma de que los individuos empiecen un nuevo trabajo”. El Pi pide, por tanto, “un reparto justo” de los efectos de la moratoria entre hoteles y alquileres vacacionales.

Respecto a otros aspectos del decreto, Melià critica que no le importen los cambios de uso hoteles anticuados, al tiempo que señala que la capacidad de carga (de personas) de las islas «ya ha sido evaluada y establecida». En ese sentido, se refería a la decisión de los consejos insulares sobre si las islas pueden o no hacer frente a las personas adicionales de más refugios, aquellos que han estado congelados por el momento y que finalmente podrían desecharse.

Así lo dijo el presidente Armengol crecimiento en los últimos años en el alquiler vacacional “mucho más intensamente” que en la hostelería. Sin embargo, aseguró que el decreto ley “les afecta por igual”. Son los cabildos insulares los que toman las decisiones sobre las ubicaciones en función de las facultades que les han sido delegadas.

En cuanto a la obsolescencia, esta se aborda aumentando los parámetros de calidad requeridos en el retrabajo clasificación de hoteles (incluido en el decreto). El gobierno aportará sesenta millones de euros en inversiones directas, dijo.

El Presidente agregó que el decreto sería tratado como un proyecto de ley parlamentario y que todos los partidos podrían contribuir a mejorar el texto.