alicia lopez

Madrid (EFE).- El debate para convalidar la reforma socialista de la ley del sólo sí es si, con el previsible voto en contra de Unidas Podemos, y la nueva ley de paridad que aprobará el Gobierno centran la semana política del 8M, en la que también se pedirán explicaciones al PSOE por el caso Mediador.

To do esto sucederá justo en la víspera de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que los dos sociales de gobierno celebran con grandes discrepancias sobre todo a cuenta de los cambios que ha propuesto la parte socialista del Ejecutivo a la ley de Irene Montero para atajar las rebajas de penas a agresores sexuales que se han producido en algunos casos.

Ya suman 721 reducciones de penas, que han supuesto al menos 74 excarcelaciones, según los últimos datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, una cifra que cae como una losa sobre el PSOE en año electoral y de ahí la proposición de ley que han planteado sin contar con Unidas Podemos.

Esta iniciativa presenta la violencia y la intimidación como un subtipo agravado y retoca algunas penas, lo que para los morados es prescindir del consentimiento y volver al Código Penal de La Manada. Y por eso no van a pasar, aunque siguen pidiendo al PSOE que se reúna con Igualdad para llegar a un acuerdo antes del martes.

Pero salvo sopresas, no habrá acuerdo y todo apunta a que el PSOE sacará adelante la votación con el PP y Vox, algo intolerable para Unidas Podemos, además de Cs, PNV y PDeCAT.

Aunque esto ha provocado uno de los choques más serios entre los dos sociales, ambos están determinados a no romper la baraja y agotar la legislatura.

Sánchez anuncia poco antes del 8M una ley que obligará a la paridad en el Consejo de Ministros

El mismo martes, el Gobierno aprobará el anteproyecto de ley de representación paritaria en los centros de decisión, que anunció ayer Pedro Sánchez, lo que incluye el Consejo de Ministros, gobierne quien gobierne, y la dirección de las grandes empresas, que deberá tener al menos un 40 por ciento de mujeres.

Mientras a los morados les ha parecido insuficiente porque, según la ministra de Igualdad, Irene Montero, la paridad es tener feministas en las instituciones, para el PP no es más que un anuncio mediático que «no puede tapar años de equivocaciones en feminismo».

Y así las cosas, llega la sesión de control el miércoles, coincidiendo con el 8M, en la que Sánchez volverá a someterse al envite de los portavoces del PP y de Vox, Cuca Gamarra y Santiago Abascal, por los efectos de la ley del sólo si que si. Sergio Sayas, exdiputado de UPN, le preguntará genéricamente si está cumpliendo lo que prometió a los españoles.

También Irene Montero tendrá que contestar a Cs sobre las consecuencias no deseadas de su ley ya Vox en una interpelación. Incluso el PP sacará a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, este tema al preguntarle cómo va a conmemorar el Día Internacional de la mujer, para el que hay convocadas varias manifestaciones con el movimiento feminista y los dos sociales de Gobierno divididos.

El caso Mediador, otro asunto con foco politico

El caso Mediador, que implica al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, es otro de los asuntos que atraerá buena parte del foco político en esta semana, un asunto que genera preocupación en el PSOE por el costo que esto puede tener cuando quedan menos de tres meses para las Municipalidades y Autonomicas.

Vox pedirá cuentas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que explique cómo piensa «rastrear» el dinero gastado por la trama, mientras que el PP se dirigirá al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Seguirá además coleando el anuncio de la marcha de Ferrovial a los Países Bajos, algo que ha provocado un malestar nada disimulado en el Ejecutivo. Por ello le preguntará el PP a la vicepresidenta primara, Nadia Calviño.

Hay otras cuestiones que la posición planteará al Gobierno, por ejemplo, por los mensajes cruzados entre el Presidente de la Audiencia Nacional y uno de los encausados ​​en la Cocina, por lo que se interesa EH Bildu; el “incumplimiento de la diversidad lingüística” que según el PNV se produce en la Ley Audiovisual o la prevención de la salud mental en el ámbito educativo que el PP trae una colación a raíz del aumento de suicidios e intenciones de suicidios entre adolescentes.