Unas 150.000 personas salieron a las calles de Barcelona para apoyar el independentismo catalán
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Alrededor de 150.000 personas salieron a las calles de Barcelona el domingo 11 de septiembre para celebrar “la Diada”, a menudo conocida como el día nacional de Cataluña, y para protestar por la independencia de la región nororiental de España.
Sin embargo, a diferencia de años anteriores, los cánticos de la multitud fueron abiertamente hostiles al gobierno regional catalán, que está liderado por una coalición de independentistas Esquerra Republicana Catalana (ERC) y Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña).
Durante la marcha se escucharon gritos pidiendo la dimisión del Gobierno regional y «conseguir la independencia o convocar elecciones». Notablemente ausente de la marcha estuvo el presidente del Gobierno de la región, Pere Aragonès de ERC, y sus ministros, ya que creían que los manifestantes serían hostiles a su gobierno.

En los últimos años ha habido tensión entre las dos partes sobre cómo continuar la búsqueda de la independencia. Junts ha presionado tradicionalmente por la secesión unilateral de España, mientras que ERC favorece el diálogo; de hecho, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha comprometido a mantener conversaciones entre el gobierno central y el gobierno catalán para encontrar soluciones al conflicto de larga data.
Según los organizadores, en la marcha participaron 700.000 personas, aunque la policía local cifra en 150.000 la cifra.
El evento independentista fue organizado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una organización de base de la sociedad civil que desempeñó un papel clave en el impulso independentista que culminó en un referéndum de secesión ilegal en 2017. Durante esta votación, los agentes de policía golpearon brutalmente a ciudadanos comunes, lo que generó titulares, fotos y videos que conmocionaron al mundo y plantearon grandes interrogantes sobre las acciones del entonces gobierno central del Partido Popular y cómo estaba manejando la situación.
Posteriormente, hubo una declaración unilateral de independencia por parte del gobierno catalán basada en el resultado positivo del referéndum, que no estuvo acompañada de las garantías adecuadas. Esto llevó al gobierno central a intervenir en la región en virtud del artículo 155 de la constitución, destituyendo al gobierno y convocando nuevas elecciones.
Algunos políticos catalanes, como el entonces presidente del Gobierno Carles Puigdemont, huyeron de España para evitar el juicio, mientras que otros, junto con líderes de grupos cívicos como la ANC, fueron juzgados ante el Tribunal Supremo y fueron encarcelados. El verano pasado, nueve de los políticos fueron indultados y liberados de prisión por el gobierno central. El primer ministro Sánchez dijo en su momento que su decisión «nace de la necesidad de restablecer la convivencia».
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