Un anestesista de Valencia ha sido puesto en libertad condicional tras ser condenado a 1.933 años de prisión entre 1988 y 1998 por contagiar la hepatitis C a 275 pacientes en hospitales comarcales.

Juan Maeso, de 81 años, pasó casi 16 años tras las rejas y podría haber pasado otros cuatro años en prisión, la pena máxima en sus circunstancias según la ley española.

Era adicto a la morfina y se autoinyectaba antes de utilizar la misma inyección para sedar a pacientes en cuatro hospitales de Valencia durante 11 años.

Maeso fue puesto en libertad condicional por la Audiencia Provincial de Valencia tras permanecer recluido en un centro penitenciario de baja categoría desde julio, lo que le permite regresar a su domicilio por la noche.

El anestesiólogo fue condenado por propagar las infecciones en un juicio que duró poco más de un año en mayo de 2007 y fue encarcelado en Aranjuez un mes después, pese a un recurso de apelación.

Fue clasificado como fugitivo y en 2009 la Corte Suprema confirmó el veredicto.

El día antes de ingresar a prisión, Maeso dijo Telecinco que era inocente y que todo el juicio fue «forjado».

También afirmó que su genoma había sido manipulado durante las pruebas porque no todos los afectados estaban infectados con el mismo genoma.

La primera infección atribuida a Maeso se produjo el 15 de diciembre de 1988 en una niña de cinco años y la última el 27 de enero de 1998 en un paciente de 51 años que se había fracturado la cadera y fue operado en La Salud Hospital Privado de Valencia.

El 4 de febrero de 1998, La Salud le prohibió el ingreso al edificio luego de que Maeso diera positivo en hepatitis C, y ese mismo mes dejó de trabajar en el Hospital La Fe de Valencia, donde era jefe del servicio de anestesia y reanimación para embarazadas. .

Su condena fue de siete años por cada paciente infectado, más los delitos de homicidio imprudente, atrayendo cada uno dos años.

Un juzgado de Valencia concedió una indemnización civil de 49.065€ a la viuda e hijos de un interesado; 150.000 euros a los herederos de cuatro fallecidos y cantidades variables entre 60.000 y 120.000 euros para determinados colectivos de víctimas.

El juzgado también le ordenó indemnizar a los afectados por un importe de alrededor de un millón de euros y dictaminó que el Ministerio de Sanidad es responsable de todas las indemnizaciones.