El gobierno del país ha enviado 10.000 soldados a San Salvador en la siguiente fase de una campaña de nueve meses contra las pandillas callejeras.

El presidente Nayib Bukele confirmó el domingo 4 de diciembre que la comunidad de Soyapango ahora estaba completamente rodeada y que los equipos de extracción estaban sacando a los pandilleros conocidos.

Están involucrados alrededor de 8.500 militares, así como 1.500 agentes de policía con bloqueos de carreteras que impiden cualquier entrada y salida.

A partir de estos momentos, el municipio de Soyapango está totalmente cercado.

8.500 soldados y 1.500 agentes han rodeado la Ciudad, mientras los equipos de extracción de la policía y el ejército se encargan de sacar uno a uno a todos los pandilleros que aún se encuentran ahí. pic.twitter.com/9QIpj0ziwX

— Nayib Bukele (@nayibbukele) 3 de diciembre de 2022

La ciudad ha sido asfixiada por la corrupción y las pandillas callejeras que exigen dinero para protección, organizan redes de extorsión y controlan muchos de los vecindarios.

Desde que Bukele llegó al poder en marzo, ha supervisado la detención de más de 58.000 personas. Las medidas drásticas tomadas después de que se declarara el estado de emergencia luego de una serie de asesinatos.

Las tácticas empleadas se utilizaron con gran éxito en otras partes del país, más recientemente en la redada de octubre en Comasagua, que condujo al arresto de 50 personas en un período de dos días. En apoyo de las tácticas de detención y registro hay una serie de drones desplegados para patrullar la ciudad.

Bukele dijo que «funcionó» ya que el gobierno estima que los homicidios cayeron un 38 por ciento en los primeros 10 meses del año en comparación con el mismo período en 2021.

El Congreso le otorgó a Bukele poderes adicionales para abordar el problema de la delincuencia en el país, poderes que le permitieron colocar al país bajo un estado de emergencia mientras eliminaba algunos de los derechos constitucionales de los ciudadanos en el proceso.

La policía ahora tiene mayores poderes para detener y registrar, arrestar y detener a un sospechoso sin acceso a asistencia letrada durante un máximo de 15 días. También tiene derecho a interceptar llamadas telefónicas y correo de cualquier persona sospechosa de haber actuado mal.

Los críticos y activistas de derechos humanos dicen que las personas son arrestadas por su edad y apariencia, o simplemente por el lugar donde viven. Sin embargo, el gobierno ha defendido la política, diciendo que debe llevar ante la justicia a los 70.000 o más pandilleros si quiere poner fin a los asesinatos.

Después de que los pandilleros operaran con impunidad, se consideraron necesarias medidas más drásticas, como el envío de 10.000 efectivos a San Salvador para acabar con las pandillas callejeras.

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