El jueves entró en vigor una nueva ley que impide que las mujeres que abortan sean acosadas por manifestantes fuera de las clínicas en España.

La medida entró en vigor el jueves, un día después de la publicación de la ley en el Boletín Oficial de España (BOE).

El código penal de España ha sido enmendado, lo que significa que los antiabortistas podrían enfrentar un año de prisión si intentan persuadir a las mujeres para que no interrumpan su embarazo.

En la práctica, la ley española no contempla una pena de prisión de dos años o menos para los infractores por primera vez, pero el cambio de ley también permite el servicio comunitario como castigo alternativo.

La medida establece que cualquier persona que intente «impedir que una mujer ejerza su derecho a la terminación voluntaria de un hijo» será procesada mediante «actos molestos, abusivos, intimidatorios o amenazantes».

La prohibición también se aplica al acoso o la intimidación de los trabajadores de la salud en las clínicas de aborto.

Los activistas contra el aborto dicen que simplemente rezan fuera de las clínicas.

Los manifestantes del grupo antiaborto Right to Life se reunieron frente al Parlamento en Madrid la semana pasada cuando se anunció el cambio.

La portavoz Inmaculada Fernández dijo: “La oración no es un delito y seguiremos orando y brindando nuestra ayuda a todas aquellas mujeres que lo necesiten para que vean que el aborto no es la única solución”.

«El año pasado, gracias a la ayuda de grupos pro-vida, nacieron más de 6.000 niños y ninguna de las madres se arrepintió del parto», agregó.

El gobierno nacional también tiene planes para garantizar que todos los hospitales públicos ofrezcan abortos y que las adolescentes de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de los padres.

Muchas mujeres en España tienen que acudir a clínicas privadas para abortar porque «la mayoría» de los obstetras y ginecólogos de la sanidad pública se niegan a abortar, según el colegio médico OMC.

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