VARIOS de los empresarios más poderosos de España se ven nuevamente envueltos en un escándalo de espionaje de gran alcance.

El lunes, el Tribunal Supremo de España investigó formalmente por segunda vez a Antonio Brufau, presidente de la petrolera Repsol, e Isidro Faine, expresidente de Caixabank de España, en un presunto caso de espionaje de hace una década.

El mes pasado, el presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, compareció ante un juez por el mismo caso de espionaje.

Todos están bajo investigación por denuncias de que contrataron a una empresa de seguridad propiedad del deshonrado exjefe de policía José Manuel Villarejo para espiar a sus rivales.

El juzgado investiga si Iberdrola contrató a Cenyt, la empresa de inteligencia privada de Villarejo, para espiar a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, cuando su constructora ACS luchaba por un puesto en el consejo de Iberdrola en 2009.

Mientras que Repsol y Caixabank están siendo investigados por contratar a la firma de seguridad para espiar a Luis del Rivero en 2011 y 2012 cuando era presidente de Sacyr.

Villarejo, de 69 años, quien está en prisión preventiva por cargos de soborno, lavado de dinero y dirección de una organización criminal, trabajó como espía para empresas de primera línea mientras era comisionado de policía.

Sus travesuras también han sacudido al establecimiento político, implicando a un verdadero quién es quién de la élite española, desde el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy hasta el rey Juan Carlos.

También se dice que Villarejo llevó a cabo un espionaje masivo en nombre del banco BBVA. También se le acusa de espiar a políticos independentistas catalanes y de crear falsos expedientes de corrupción para desprestigiar al partido de izquierdas Podemos.

Iberdrola ha dicho anteriormente que Sánchez Galán y otros tres ejecutivos bajo investigación no han hecho nada malo y están listos para cooperar con las autoridades legales.

Faine de Caixabank y Brufau de Repsol han negado previamente haber actuado mal.

En el sistema judicial español, no se presentan cargos formales hasta que se completa la primera fase de la investigación, por lo que una investigación no significa necesariamente un cargo formal.

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